En los casi seis años desde que Donald Trump comenzó su primera campaña para la presidencia, muchos estadounidenses se han despertado en un país que, de una forma u otra, no podían reconocer. Vieron cómo un presidente de los Estados Unidos hizo añicos las antiguas normas de civilidad; ignoró prohibiciones de hace décadas sobre el nepotismo; se enriqueció al doblar o violar leyes destinadas a establecer una línea de base ética sobre cómo debe actuar el jefe de estado; y estiró los límites de la democracia estadounidense casi hasta su punto de ruptura. Pero esta semana, fue su hija mayor, Ivanka Trump, quien se despertó en un país desconocido.
Ivanka Trump, quien, a pesar de no tener calificaciones ni experiencia relevante, pasó cuatro años como asistente principal en la Casa Blanca con el prestigioso y codiciado título de Asistente del presidente, y estuvo en gran medida aislada de los trastornos y controversias generados por la presidencia de su padre. Ella y su esposo, Jared Kushner, otro beneficiario de la inclinación de Donald por el nepotismo, han pasado todo el año desde que Donald se escabulló de Washington estableciéndose en la nueva meca republicana de Florida. Allí, Kushner parece utilizar las conexiones que hizo en Medio Oriente durante sus años en la Casa Blanca para impulsar un nuevo fondo de inversión. Sin embargo, esa existencia tranquila ahora ha sido destrozada por algo completamente desconocido para toda la camada de Trump desde que su patriarca irrumpió en escena como candidato para la presidencia: las consecuencias.
La terrible, horrible, para nada buena y muy mala semana de rendición de cuentas de Ivanka comenzó esta semana. A última hora del martes, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó una moción para obligar a la ex primera hija a comparecer para dar su declaración jurada en la larga investigación acerca del epónimo negocio de bienes raíces de su padre. Los Trump habían pedido a un juez que anulara las órdenes de comparecencia para el testimonio de Ivanka, su padre y su hermano Donald Trump Jr. con el argumento de que la investigación es una “cacería de brujas” política. Esto, porque James, una demócrata, hizo declaraciones donde prometió oponerse a la administración de Donald cuando se postuló para su puesto actual en 2018. Pero la oficina de la fiscal general alega que la Organización Trump, donde Ivanka trabajó como vicepresidenta ejecutiva hasta que se mudó a Washington en 2017, “utilizó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”. Por lo tanto, escribieron, Ivanka “no tiene una base plausible para desafiar una orden legal, ya que su testimonio tiene una relación clara y razonable con los asuntos bajo investigación”.Los abogados de la oficina de James citaron el estatus de Ivanka como una “persona clave” en muchas de las transacciones bajo investigación, incluida la compra del Doral, un club de golf de Florida que Donald Trump intentó utilizar como sede de la cumbre del Grupo de los Siete en 2020. Argumentan además que ella también “desempeñó un papel clave” en la obtención del contrato de arrendamiento de la Organización Trump del edificio histórico de la antigua oficina de correos, donde su padre abrió un hotel que se convirtió en un abrevadero republicano y un lugar de recaudación de fondos para políticos y gobiernos extranjeros con la esperanza de ganarse su gracia y favor.
Peor aún, los investigadores también quieren hablar con Ivanka acerca de un apartamento en Park Avenue que su antiguo empleador le arrendó a un precio de alquiler demasiado inferior al precio del mercado. Ese apartamento vino con la opción de compra a una fracción de lo que la Organización Trump afirmó que valía la unidad en los documentos que Donald Trump usó para exponer su situación financiera para poder obtener préstamos bancarios. La investigación dirigida por James opera análoga a una investigación dirigida ahora por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Ya ha dado lugar a acusaciones contra la Organización Trump y su director financiero de larga data, Alan Weisselberg. Si la presión por hacerla comparecer para una declaración jurada no arruinó la vida de ilusión de Ivanka en Florida, el comité de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero en el Capitolio mandó a volar cualquier ilusión de que ella podría quedarse tranquila en el Estado del Sol hasta que de nuevo le llegaran invitaciones a las galas de Nueva York donde una vez fue un pilar de las alfombras rojas. Un año después de que el mandato de su padre como presidente expiró, el Presidente del Comité Especial del 6 de enero Bennie Thompson anunció que pidió “cooperación voluntaria” de Ivanka con la indagación del panel de nueve miembros en cuatro áreas separadas de investigación. Esas áreas incluían los “esfuerzos” de su padre para “impedir el conteo de votos electorales certificados”; su respuesta a la violencia perpetrada por sus propios seguidores ese día; si ordenó la intervención de la Guardia Nacional para sofocar el ataque; y si “tomó las medidas apropiadas con respecto a las continuas amenazas de violencia” en los días entre el ataque al Capitolio y el final de su mandato. En específico, el comité quiere una audiencia con Ivanka acerca de una conversación que supuestamente presenció entre su padre y el entonces vicepresidente Mike Pence en la mañana del 6 de enero. Durante esa conversación, se alega que Pence resistió las súplicas frenéticas de Donald Trump para que él se apropiara de forma unilateral el conteo cuatrienal de votos electorales e instalara a Trump para un segundo mandato. También les gustaría hablar con ella acerca de que si se le pidió que interviniera para convencer a su padre de que debería instar a sus desenfrenados seguidores a dispersarse y abandonar el Capitolio.
Si Ivanka se niega a cumplir de manera voluntaria, podría enfrentar otra orden de comparecencia para su testimonio y correría el riesgo de ser acusada de “desacato penal al Congreso” si la desafía de forma abierta.
Las dos investigaciones a sus antiguos hogares de Nueva York y Washington no son investigaciones criminales. Ni James ni el comité selecto pueden presentar cargos penales contra ella. Pero las dos investigaciones con las que Ivanka debe cooperar ahora la colocan en un lugar en el que nunca ha estado antes, en un mundo que le resulta extraño.En 2012, Ivanka escapó de la posibilidad de ser objeto de una investigación por fraude después de que el entonces abogado de su padre, Marc Kasowitz, se reuniera con el entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, para cuya campaña de reelección después donaría o recaudaría más de US$50,000. Y del 2017 al 2021, disfrutó de todos los beneficios de su estrecha asociación con el presidente al mando de los Estados Unidos. Como asistente del presidente, era en función, y puede que también en lo legal, inmune a tener que dar testimonio a nadie sobre cualquier cosa relacionada con su sinecura en la Casa Blanca. La investigación en la que James la ordeno a comparecer pasó gran parte de ese tiempo congelada, mientras se desarrollaban las batallas judiciales por los registros financieros de Donald Trump. Pero todo eso ya pasó. Y aunque ninguna de las investigaciones es criminal, Ivanka se enfrenta a una dura elección: decir la verdad o ir a prisión por perjurio.Quizás por primera vez en toda su vida, su padre no puede protegerla de tener que hablar de forma honesta. En estos Estados Unidos que ella no reconocerá, probablemente no prosperará ni disfrutará su estancia.